Esta Martes 18 De Agosto Se Ha Hecho Entrega Al Defensor Del Pueblo Andaluz De Un Escrito Denuncia De Los Usuarios Del Hostal Avenida Andalucía De Sevilla Durante El Confinamiento

En la mañana de este martes 18 de agosto se ha hecho entrega de un escrito de denuncia ante el Defensor del Pueblo de Andalucía por parte de usuarios/as del Hostal Avenida de Andalucía, radicado en dicha Avenida de Andalucía de la ciudad de Sevilla. 

Estas personas quieren denunciar la situación que han vivido durante el confinamiento en el Hostal Avenida de Andalucía de Sevilla, un Hostal que forma parte de los servicios sociales ofrecidos por el Ayuntamiento de Sevilla para dar un lugar de cobijo, asistencia y condiciones de habitabilidad adecuadas a personas sin hogar, víctimas de violencia de género, inmigrantes y personas refugiadas entre otras. Estos servicios el Ayuntamiento los presta bajo la subcontrata de las empresas AOSSA, Fundación Atenea, Emvivesa, Grupo 5, UMIES, CECOP y COIS ANTARIS.
Estas personas usuarias denuncian haber sufrido malos tratos y condiciones infrahumanas de trabajo e higiene, intentos de asesinato, suicidio e incluso trata de personas. Delitos suficientemente graves como para que el Ayuntamiento de Sevilla no mire para otro lado e intervenga ante la violación de derechos humanos que se están cometiendo a través de servicios ofrecidos bajo su paraguas que, por ley, dicen mejorar la situación de personas en condiciones de vulnerabilidad. Es, sin duda, esto un contrasentido, la experiencia que relatan las personas usuarias de dichos servicios queda por tanto muy lejos de ser una ayuda, provocando si cabe condiciones de mayor riesgo y exclusión social en ellas que las que ya soportaban. De hecho, muchas de las personas usuarias prefirieron volver a la calle y no utilizar dicho servicio para proteger su seguridad y su salud.

TEXTO DEL ESCRITO ENTREGADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO
El estado de alarma y el confinamiento previsto por el Gobierno de España no ha sido igual para todas las personas. En Sevilla existe una población significativa en condiciones de sinhogarismo, infravivienda y/o en riesgo o exclusión social, circunstancias que sumada a otras vulnerabilidades previas o derivadas de ello sitúa la vida de las personas que la forman en un escenario de constante peligro, exacerbado durante el estado de alarma y después del mismo, con grandes dificultades para poder cumplir con las normas de higiene y seguridad dictadas por el Gobierno de España y más globalmente por la Organización Mundial de la Salud. La mirada global, nacional y local hacia estas personas ha quedado fuera del escenario político y ello se ha agravado durante el confinamiento y después de ello, ya que los pocos servicios sociales que tenían dichas personas han desaparecido durante el estado de alarma, y dichos servicios han sido cedidos a diversas empresas privadas en Sevilla con una subcontrata del Ayuntamiento, algunas sin ser especialistas ni profesionales en el tratamiento de estos servicios sociales.

 Ello ha llevado a una dejadez política inhumana hacia esta población, que ha conseguido no sólo que estas empresas se beneficien económicamente de ello, sino que además se han aprovechado de la situación, ya que no han cuidado ni han realizado seguimiento de las personas ni de los servicios que se les han ofrecido, ni de si se han cumplido las normas de higiene y seguridad dictadas durante el estado de alarma. Es más, sabemos que las empresas han sido conscientes de que no se estaban cumpliendo los objetivos sociales que demandaban las personas usuarias de los servicios, siendo informadas incluso de violación de derechos humanos en al menos uno de los espacios ofertados, y no han hecho nada al respecto. 

Igualmente el Ayuntamiento de Sevilla tampoco ha realizado dicho seguimiento, mientras que la policía sí que ha sido totalmente consciente de la situación, ya que las personas usuarias han tenido que acudir a sus servicios, aunque no han sido de utilidad ya que no han realizado ninguna acción para proteger a estas personas. Lo único que han conseguido, en la actualidad, es empeorar su situación de exclusión y/o riesgo social, tras exponerse a este abandono de servicios sociales derivados en empresas privadas subcontratadas por el Ayuntamiento de Sevilla, que sólo llevan a lucrarse económicamente, sin que nadie se haga responsable de su situación, para seguir lavándose las manos y mirando hacia otro lado, incentivando la dejadez política hacia esta población.

Es por ello que en estas líneas queremos denunciar la situación que han vivido las personas abajo firmantes durante el confinamiento en el Hostal Avenida de Andalucía de Sevilla, bajo la subcontrata del Ayuntamiento a las empresas: AOSSA, Fundación Atenea, Emvivesa, Grupo 5, UMIES, CECOP y COIS ANTARIS, que se sigue manteniendo en la actualidad por otras personas usuarias. Los servicios que se prestan en este hostal están pensados para dar asistencia, cobijo y condiciones de habitabilidad adecuadas a personas sin hogar, víctimas de violencia de género, inmigrantes y personas refugiadas entre otras, como parte de los servicios sociales ofrecidos por dicho Ayuntamiento. Sin embargo, las personas usuarias declaran haber sufrido malos tratos, condiciones infrahumanas de trabajo e higiene, intentos de asesinato, suicidio e incluso trata de personas. La experiencia que relatan las personas usuarias de dichos servicios queda por tanto muy lejos de ser una ayuda, provocando si cabe condiciones de mayor riesgo y exclusión social en ellas que las que ya soportaban. De hecho, muchas de las personas usuarias prefirieron volver a la calle y no utilizar dicho servicio para proteger su seguridad y su salud. En este escrito queremos poner de manifiesto la violación de derechos humanos que está permitiendo el Ayuntamiento de Sevilla a través de servicios ofrecidos bajo el paraguas del cumplimiento de objetivos para mejorar la situación de personas en condiciones de vulnerabilidad. 

A continuación expondremos la violación de derechos humanos a la que se han expuesto algunas de las personas a través de sus testimonios y experiencias vividas para que entiendan por qué dichos servicios no pueden denominarse sociales, para que entiendan que la falta de medios y cuidado en este ámbito derivan en que en lugar de ayuda y asistencia se les ha llevado a sufrir mayores problemas de salud física y mental, a tal punto de tener que lamentar varios suicidios.

* 1. Vulneración de derechos laborales 

Algunas de las personas que llegaron al hostal en condiciones de vulnerabilidad declaran que la propiedad del hostal les ofreció un contrato laboral o incluso trabajo ilegal sin contrato en condiciones deplorables. Es más, a algunos de ellos les dijeron que ya que le estaban ofreciendo una habitación, tendrían que estar agradecidos y trabajar por ello. Se hace necesario resaltar que en situaciones de necesidad la presión por satisfacer lo más básico nos permite tolerar ofertas que en otras circunstancias identificaríamos claramente como extorsión y en ningún caso aceptaríamos. 

Desde esta situación las personas declaran haber trabajado por muchas más horas de las acordadas, con insultos, amenazas y numerosos casos de maltrato laboral, además de no pagarles lo estipulado ni cumplir ninguna norma de prevención de riesgo laboral, especialmente importantes durante el estado de alarma para evitar contagios e impedir tener que acudir a un hospital o centro de salud por accidente laboral. 

También han sido habituales los despidos improcedentes, incluso motivados porque las personas trabajadoras querían cumplir con las normas propuestas por el Gobierno de España para hacer frente al COVID-19, no correspondiéndose estas con las que manejaba y deseaba la propiedad del hostal. Cabe mencionar que en dicho hostal también residen niños menores, siendo alguno de ellos contratado por la propiedad del hostal de forma ilegal. 

+ 2. Insalubridad 

Asimismo, ninguna persona trabajadora del hostal cumplía con las normas de prevención de salud frente al coronavirus de distanciamiento social, uso de mascarilla, guantes, desinfección de superficies y espacios comunes, siendo muchas de ellas además usuarias del centro, y por supuesto no dando ejemplo para que ninguna persona usuaria lo hiciera. Muchas personas usuarias también declaran que las condiciones higiénicas del comedor eran pésimas, recibiendo comidas en mal estado y llegando a sufrir infecciones gastrointestinales por ello. Dicho hostal dispone de una piscina que ha permanecido abierta durante todo el estado de alarma, no sólo incumpliendo las normas dictadas para hacer frente al COVID-19, sino aún celebrando fiestas con alcohol, drogas, cachimbas compartidas, prostitución y ruidos hasta altas horas de la mañana, impidiendo el descanso y tranquilidad de las personas usuarias del centro y poniendo en riesgo la salud física y mental de todas las personas. Además, han ocurrido varias intoxicaciones por el pésimo estado del agua de la piscina, así como una intoxicación grave a uno de los trabajadores ilegales del hostal, con traslado al hospital por inhalación de gases tóxicos al realizar una mezcla explosiva de sustancias fuertemente irritantes de desinfección, al no tener conocimiento sobre el tema. Aunque la piscina fue precintada por la policía en una de sus visitas al hostal por incumplimiento, demandado por personas usuarias del hostal, las personas propietarias del mismo volvieron a abrir la piscina, incumpliendo la legalidad, y pidiendo además una entrada de 5 euros a cada persona que entraba. 

También se ha permitido que más de 30 personas pudieran dormir en una misma habitación, e incluso que pudieran salir a la calle libremente del hostal durante el estado de alarma. 

+ 3. Violación de derechos de los niños 

Ahora, si han podido imaginar lo difícil e inadecuado que resulta vivir en estas condiciones para las personas adultas usuarias del hostal, intenten entender lo que puede suponer para personas menores, que también habitan en el hostal. Dichos menores han tenido que soportar ver problemas de adicción en personas, así como personas con problemas mentales, que continuamente entraban en conflicto, con peleas, ruidos y consumo de drogas en los mismos espacios en los que han vivido los menores. Una niña sufrió una intoxicación por el agua de la piscina y en el comedor no aceptaban excepciones de comida para los menores, a no ser que tuvieran un certificado médico de alguna alergia. Es por ello que denunciamos que no se vulneren los derechos de estos niños y niñas, que se han quedado fuera de los recursos y ayudas que deben tener servicios sociales especiales para las personas menores. 

+ 4. Caso de trata de personas 

Por último, cabe mencionar que además, a las mujeres trabajadoras y usuarias del hostal, aprovechando su condición de vulnerabilidad, se les ha ofrecido prestar servicios sexuales a otros usuarios del hostal a cambio de dinero, llegando así a casos de trata, intolerables en la sociedad que vivimos. Es por ello que necesitamos denunciar esta violación de derechos humanos, que han sufrido y siguen sufriendo personas en situación de vulnerabilidad en el Hostal Avda. De Andalucía de la ciudad de Sevilla, el cual tiene una subcontrata con las empresas: AOSSA, Fundación Atenea, Emvivesa, Grupo 5, UMIES, CECOP y COIS ANTARIS, derivadas como servicios sociales del Ayuntamiento de dicha ciudad para darle asistencia y ayuda, y mejorar su condición de vulnerabilidad. Sin embargo, como acabamos de demostrar a través de los testimonios recogidos, la estancia en dicho hostal está consiguiendo todo lo contrario, llevar a las personas a situación de mayor riesgo y exclusión social, con casos incluso de intento de asesinato y dos personas que se han suicidado. Cabe mencionar que todo ello, además, se realiza de espaldas a la sociedad, que miramos hacia otro lado, y no hemos sido capaces de visibilizar esta situación desde nuestras casas de forma privilegiada durante el periodo del confinamiento.

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